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Un procedimiento que tarda al menos dos años es el canal regular que debe seguirse para determinar cómo procedente la inhabilitación para ejercer un determinado cargo público. Esta razón fue esgrimida por la contralora general de la República, Adelina González, con la que pudiera descartarse, en lo inmediato, una sanción de este calibre hacia el gobernador de Miranda y dirigente opositor Henrique Capriles Radonski.
Explicó la contralora, quien asumió esta función en calidad de encargada tras la muerte del titular del cargo, que para llegar a un proceso de inhabilitación es necesario primero practicar una auditoría en la que se consigan elementos suficientes que pongan en evidencia un hecho irregular.
Destacó que posterior a esto se siguen otra serie de requisitos que concluyen con una sanción moral que es la declaratoria de responsabilidad administrativa, acción que luego da potestad a la Contraloría para tomar la decisión definitiva en cualquier caso con estas características. "El hecho que se denuncie una actividad como irregular no significa que mañana la Contraloría sale a inhabilitar", remarcó.
La contralora desmintió que las inhabilitaciones tengan como finalidad sacar a dirigentes del juego político, esto al ser consultada sobre una petición reciente del legislativo mirandino sobre investigaciones a presuntas irregularidades en el gobierno de Radonski. Aunque González no lo precisó en detalle, el mismo razonamiento aplica para las denuncias de presunta corrupción que esta semana introdujo el ex mandatario aragüeño Didalco Bolívar contra el diputado opositor Ismael García.
Las declaraciones de González se produjeron en el marco del lanzamiento de un curso sobre Derechos Humanos (DDHH), desarrollado en la sede de la Contraloría de Aragua en coordinación con la Defensoría del Pueblo, actividad en la que participaron ciudadanos de diversas comunidades y sectores interesados en profundizar el conocimiento sobre DDHH. En el evento estuvo también la defensora Gabriela Ramírez y la diputada María León.
La contralora encargada atribuyó la matriz de opinión sobre las inhabilitaciones a una campaña política de desinformación que causa, a su criterio, un grave perjuicio moral en las instituciones y aclaró que quienes han sido inhabilitados han debido pasar primero por todo un largo proceso "es falso de que porque a alguien lo inhabilitan en un proceso electoral entonces lo estamos sacando del juego", expresó.
Al ser consultada sobre una presunta inhabilitación política también al ex gobernador Didalco Bolívar; González no la descartó, no obstante señaló que las investigaciones contra el ex gobernante no están en su fase final.
Ya estaban
Al ser consultada sobre más de un centenar de inhabilitaciones que aparecieron recientemente en Gaceta Oficial dictaminadas por el fallecido Clodosbaldo Russian, quien ocupó hasta su muerte la Contraloría General de la República, González precisó que todas esas resoluciones fueron notificadas durante el ejercicio de Russián y no fueron dictadas después de que él falleció. "Los interesados las conocieron, interpusieron los recursos de reconsideración, muchos demandaron la nulidad y esas decisiones, él (Russian) las firmó; él de su puño y letra, la publicación en gaceta, como acto administrativo no le agrega nada es sólo una formalidad de transparencia de la gestión", dijo.
Ciudadanos auditores
En lo relativo al curso iniciado en Aragua, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez destacó que se trata de una actividad que se desarrolla en 8 estados del país de manera simultánea, dictada para unas 450 personas a través de la cual se da una inducción teórico práctica a los ciudadanos sobre control social y DDHH, bases del poder popular, participación ciudadana entre otros elementos.
Precisó que la actividad, denominada Ciudadano Auditor para la Garantía de los Derechos Humanos, está orientada a quienes desean adquirir herramientas y conocimientos en el área de control social para la garantía de los DDHH en su comunidad. Esperan sumar a esta iniciativa a los estados andinos y fronterizos.
Con respecto a las acciones de la Defensoría del Pueblo, en el caso de los DDHH, al ser consultada sobre el caso Aragua en torno a las denuncias de ajusticiamiento policial durante el gobierno de Didalco Bolívar Ramírez destacó que el órgano que dirige no tiene capacidad ni coercitiva ni punitiva.
"Hacemos el acompañamiento para que los casos puedan concluir y se administre justicia, se trabaja caso por caso; la idea es que se profundice el acervo probatorio, se haga justicia y que puedan cerrarse esos casos", expresó.
Un procedimiento que tarda al menos dos años es el canal regular que debe seguirse para determinar cómo procedente la inhabilitación para ejercer un determinado cargo público. Esta razón fue esgrimida por la contralora general de la República, Adelina González, con la que pudiera descartarse, en lo inmediato, una sanción de este calibre hacia el gobernador de Miranda y dirigente opositor Henrique Capriles Radonski.
Explicó la contralora, quien asumió esta función en calidad de encargada tras la muerte del titular del cargo, que para llegar a un proceso de inhabilitación es necesario primero practicar una auditoría en la que se consigan elementos suficientes que pongan en evidencia un hecho irregular.
Destacó que posterior a esto se siguen otra serie de requisitos que concluyen con una sanción moral que es la declaratoria de responsabilidad administrativa, acción que luego da potestad a la Contraloría para tomar la decisión definitiva en cualquier caso con estas características. "El hecho que se denuncie una actividad como irregular no significa que mañana la Contraloría sale a inhabilitar", remarcó.
La contralora desmintió que las inhabilitaciones tengan como finalidad sacar a dirigentes del juego político, esto al ser consultada sobre una petición reciente del legislativo mirandino sobre investigaciones a presuntas irregularidades en el gobierno de Radonski. Aunque González no lo precisó en detalle, el mismo razonamiento aplica para las denuncias de presunta corrupción que esta semana introdujo el ex mandatario aragüeño Didalco Bolívar contra el diputado opositor Ismael García.
Las declaraciones de González se produjeron en el marco del lanzamiento de un curso sobre Derechos Humanos (DDHH), desarrollado en la sede de la Contraloría de Aragua en coordinación con la Defensoría del Pueblo, actividad en la que participaron ciudadanos de diversas comunidades y sectores interesados en profundizar el conocimiento sobre DDHH. En el evento estuvo también la defensora Gabriela Ramírez y la diputada María León.
La contralora encargada atribuyó la matriz de opinión sobre las inhabilitaciones a una campaña política de desinformación que causa, a su criterio, un grave perjuicio moral en las instituciones y aclaró que quienes han sido inhabilitados han debido pasar primero por todo un largo proceso "es falso de que porque a alguien lo inhabilitan en un proceso electoral entonces lo estamos sacando del juego", expresó.
Al ser consultada sobre una presunta inhabilitación política también al ex gobernador Didalco Bolívar; González no la descartó, no obstante señaló que las investigaciones contra el ex gobernante no están en su fase final.
Ya estaban
Al ser consultada sobre más de un centenar de inhabilitaciones que aparecieron recientemente en Gaceta Oficial dictaminadas por el fallecido Clodosbaldo Russian, quien ocupó hasta su muerte la Contraloría General de la República, González precisó que todas esas resoluciones fueron notificadas durante el ejercicio de Russián y no fueron dictadas después de que él falleció. "Los interesados las conocieron, interpusieron los recursos de reconsideración, muchos demandaron la nulidad y esas decisiones, él (Russian) las firmó; él de su puño y letra, la publicación en gaceta, como acto administrativo no le agrega nada es sólo una formalidad de transparencia de la gestión", dijo.
Ciudadanos auditores
En lo relativo al curso iniciado en Aragua, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez destacó que se trata de una actividad que se desarrolla en 8 estados del país de manera simultánea, dictada para unas 450 personas a través de la cual se da una inducción teórico práctica a los ciudadanos sobre control social y DDHH, bases del poder popular, participación ciudadana entre otros elementos.
Precisó que la actividad, denominada Ciudadano Auditor para la Garantía de los Derechos Humanos, está orientada a quienes desean adquirir herramientas y conocimientos en el área de control social para la garantía de los DDHH en su comunidad. Esperan sumar a esta iniciativa a los estados andinos y fronterizos.
Con respecto a las acciones de la Defensoría del Pueblo, en el caso de los DDHH, al ser consultada sobre el caso Aragua en torno a las denuncias de ajusticiamiento policial durante el gobierno de Didalco Bolívar Ramírez destacó que el órgano que dirige no tiene capacidad ni coercitiva ni punitiva.
"Hacemos el acompañamiento para que los casos puedan concluir y se administre justicia, se trabaja caso por caso; la idea es que se profundice el acervo probatorio, se haga justicia y que puedan cerrarse esos casos", expresó.
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